Entidades de la discapacidad piden recursos para enfrentar la pandemia

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Campaña "quédate en casa" de Plena Inclusión

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Plena Inclusión denuncia el abandono de los 4.000 centros que atienden a miles de personas con discapacidad intelectual por parte de las administraciones públicas.

De este modo, Plena Inclusión España denuncia la falta de apoyos de las administraciones públicas frente a los sobrecostes generados por la adaptación de sus centros y servicios para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a las exigencias sanitarias de prevención ante el coronavirus.

Las exigencias planteadas por las autoridades sanitarias suponen la contratación de nuevo personal y un incremento importante de gastos imprevistos, a fin de adaptar todas las instalaciones y adquirir equipos de protección.

Estos sobrecostes recaen de forma exclusiva en las entidades, que hasta ahora no han recibido ninguna ayuda.

 

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que se ha cobrado ya miles de víctimas mortales y que continúa latente con los actuales rebrotes en todo el país, viene dejando a su vez graves secuelas invisibles en el desarrollo económico y social de todo el planeta.

El resultado de la crisis social está siendo más pobreza y mayor de­sigualdad, que golpea de nuevo sobre la población vulnerable, que debe hacer frente a las nuevas medidas impuestas por las autoridades sanitarias.

Varias entidades sociales que prestan servicio a personas con discapacidad y colectivos vulnerables se enfrentan a una pandemia sanitaria sin recursos.

En este sentido, la organización nacional Plena Inclusión ha denunciado "la falta de apoyos" por parte de las administraciones públicas frente a "los sobrecostes generados por la adaptación de sus 4.000 centros y servicios para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo" a las exigencias sanitarias de prevención ante la crisis sanitaria desarrollada por COVID-19.

Personas con discapacidad intelectual desamparadas

Plena Inclusión atiende en sus 4.000 centros organizados por todo el país a personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral. En una nota, desde la entidad manifiestan "el abandono" por parte de las autoridades públicas hacia sus centros, trabajadores y personas atendidas en cada uno de ellos.

Además, en Plena Inclusión señalan que “las exigencias planteadas por las autoridades sanitarias suponen la contratación de nuevo personal y un incremento importante de gastos imprevistos, a fin de adaptar todas las instalaciones y adquirir equipos de protección". Estos sobrecostes recaen de forma exclusiva en las entidades, que hasta ahora no han recibido ninguna ayuda para mantener el servicio y atención a personas con discapacidad, explican en el comunicado.

Garantías de atención y servicios

"En el más de medio siglo de historia de nuestro movimiento asociativo, nunca antes habíamos vivido una situación tan crítica”, lamentó el presidente de Plena Inclusión, Santiago López.

Según apuntó, "somos conscientes de que vivimos una emergencia social" y, "precisamente por ello, las administraciones públicas deberían garantizar las condiciones de atención a los colectivos más vulnerables". Desgraciadamente, esto no está ocurriendo”, concluyó.

Unión del Tercer Sector  

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid ha solicitado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que considere los servicios de acción social de las ONG “esenciales” en la lucha contra la crisis sociosanitaria actual derivada del coronavirus.

En la línea de la reivindicación de Plena Inclusión para mantener los servicios y atención de forma segura a las personas con discapacidad, y otras muchas entidades nacionales, plantean que el trabajo de las ONG sea “recogido como Actividades Imprescindibles dentro de la normativa de restricciones que se establezcan para frenar en impacto de la pandemia de la Covid en los próximos meses”.

La finalidad de la iniciativa no es otra que, “las personas vulnerables no queden desprotegidas”. La petición ha sido trasladada a las consejerías de Presidencia y de Políticas Social, Familia, Infancia y Natalidad.

De dar luz verde a esta propuesta, permitiría a las entidades desarrollar sin restricciones las acciones de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, mujeres víctimas de malos tratos o infancia, entre otras.

La labor que realizamos las organizaciones del Tercer Sector necesita ser reconocida de forma legítima en la interlocución, diseño y seguimiento de las políticas socio sanitarias de lucha contra la Covid-19″, ha manifestado el presidente de la Plataforma, Antonio Llorente, en un comunicado.

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