La UE fija un objetivo vinculante del 90 % de reducción de emisiones para 2040 tras una ardua negociación

Tras una maratoniana negociación que se prolongó durante todo un día y una noche, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea lograron este miércoles un acuerdo histórico para reformar la Ley Europea del Clima. El pacto establece, como meta vinculante, una reducción de emisiones del 90 % de gases de efecto invernadero para 2040, tomando como referencia los niveles de 1990.

El acuerdo, que todavía deberá ser negociado con el Parlamento Europeo antes de su aprobación definitiva, permitirá a la UE presentarse en la próxima COP30 de Belém (Brasil) con una posición unificada y firme. Sin embargo, alcanzar este consenso no fue tarea fácil: para lograr el apoyo necesario, los países más ambiciosos, encabezados por España, tuvieron que aceptar ciertas flexibilidades reclamadas por los Estados más reticentes.

Un compromiso “fuerte y equilibrado” con la reducción de emisiones

“Este es un compromiso muy bueno y fuerte, el mejor posible para todos”, resumió el ministro danés de Clima, Lars Aagard, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Según Aagard, fijar una cifra de reducción de emisiones no es una mera cuestión técnica, sino una decisión política con profundas implicaciones para la economía y la sociedad europeas en las próximas décadas.

El nuevo texto no solo define el objetivo del 90 %, sino que también aprueba la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de la UE, su compromiso formal ante la ONU de reducción de emisiones para toda la economía comunitaria. “Podremos acudir a la COP con una posición sólida y coherente”, celebró el ministro danés tras el acuerdo.

La reforma necesitaba una mayoría cualificada, al menos 15 Estados miembros que representaran el 65 % de la población europea. Finalmente, el texto consiguió el respaldo de 21 países, equivalentes al 81,9 % de la población de la UE, según confirmó la presidencia danesa.

Sin embargo, la negociación no fue sencilla. Desde la jornada del martes, las diferencias entre países eran notorias. Algunos, como Polonia y República Checa, rechazaban abiertamente el texto por considerar que podía perjudicar a su industria y agricultura. Otros, como Francia o Italia, pedían introducir mayores márgenes de flexibilidad para proteger su competitividad.

En este contexto, la presidencia danesa impulsó un acuerdo que incluyó concesiones clave: el incremento del uso de créditos internacionales de compensación del 3 % al 5 %, lo que permitirá a los Estados cumplir parte de sus objetivos financiando proyectos de reducción de emisiones fuera de Europa. Además, se aceptó la posibilidad de ampliar ese porcentaje en un futuro con otro 5 %, condicionado a reducciones verificables dentro del propio país.

Flexibilidad con condiciones: los créditos de carbono

El acuerdo también abre la puerta a proyectos piloto de compensación a partir de 2031, cinco años antes de lo que proponía originalmente la Comisión Europea, que situaba el inicio en 2036. Los detalles sobre la aplicación, los precios de estos créditos y quién asumirá los costos aún deberán definirse.

Las organizaciones ecologistas han criticado con dureza estas concesiones. Para Greenpeace, permitir que parte del objetivo se cumpla fuera del territorio europeo equivale a “lavar carbono”, comparándolo con “correr una maratón tomando el autobús para los últimos kilómetros”.

El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, defendió el acuerdo argumentando que “al planeta le da igual dónde se reduzcan las emisiones, lo importante es que se reduzcan”. Para él, la fórmula adoptada combina ambición, pragmatismo y flexibilidad, al tiempo que ofrece seguridad jurídica y competitividad a las empresas europeas.

España celebra un acuerdo “muy positivo”

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, calificó el resultado como “muy positivo” pese a no haber conseguido todos los objetivos iniciales. Según Aagesen, el texto final mantiene el nivel de ambición necesario y refuerza el papel de Europa como referente global en acción climática.

España lideró junto a otros once países una posición común que consideraba el 90 % como una “línea roja” innegociable. Finalmente, esa meta se mantuvo, aunque acompañada de los mecanismos de flexibilidad que exigían países del sur y del este de Europa.

El documento final introduce además novedades importantes respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea. Por ejemplo, se reconoce el papel de los combustibles con bajas o nulas emisiones de carbono en la descarbonización del transporte, incluido el transporte por carretera más allá de 2030.

También se ha aceptado una demanda impulsada por Francia: el retraso de un año, hasta 2028, en la entrada en vigor del sistema ETS2, el nuevo régimen de comercio de emisiones que ampliará la obligación de pagar por contaminar a sectores como los edificios o el transporte por carretera. Este sistema se sumará al actual ETS, que ya regula a unas 10.000 instalaciones industriales y energéticas en toda Europa.

Otro de los puntos relevantes fue la aprobación formal de la NDC europea, que establece una horquilla de reducción de emisiones de entre el 66,25 % y el 72,5 % para 2035. Este rango, según defiende la Comisión, es suficientemente ambicioso para mantener el liderazgo internacional de la UE y presionar a otras potencias a intensificar sus compromisos climáticos.

Durante la negociación, varios países insistieron en que la transición ecológica no debía suponer una pérdida de competitividad económica. Francia, por ejemplo, pidió garantizar condiciones que no penalicen a su industria. Sin embargo, Hoekstra recordó que debilitar la ambición climática enviaría “la señal equivocada” a los inversores y aumentaría la incertidumbre sobre la dirección futura de la política energética europea.

Un camino con curvas, pero hacia adelante

El acuerdo alcanzado en Bruselas marca un paso decisivo hacia la neutralidad climática, aunque todavía quedan numerosos detalles por concretar. La Comisión deberá ahora elaborar propuestas específicas sobre cómo alcanzar el nuevo objetivo de la reducción de emisiones del 90 % para 2040 y sobre la aplicación de los créditos internacionales.

“El camino no siempre es recto”, reconoció Hoekstra al cierre del encuentro. Pero para los ministros europeos, lo importante es que el continente sigue avanzando hacia una economía verde, con un marco legal sólido y un consenso político amplio que, pese a sus imperfecciones, reafirma el liderazgo climático de la Unión Europea en el escenario global.